Las Universidades apuestan por las incubadoras empresariales de base tecnológica

Los profesores e investigadores universitarios en el estado español han impulsado, principalmente durante los últimos cinco años, las incubadoras empresariales, que se han multiplicado notablemente ocasionando la gestación de compañías de base tecnológica fundadas por universitarios o grupos de investigación. Universidades como la Politécnica de Valencia, la Autónoma de Madrid, las universidades gallegas o la de Barcelona son el mejor ejemplo de promotoras de las spin-off.

El motivo de la creación de estas incubadoras empresariales fue solventar el fallo en la transferencia de conocimientos surgidos en las investigaciones universitarias a las empresas. De esta tarea se encargaban las OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) que, actualmente, ven su objetivo reforzado debido al trabajo mano a mano que desempeñan con las spin-off.

Asimismo, estos nuevos instrumentos han impulsado la salida de los investigadores en busca del mercado y evitado que el inversor privado marque el rumbo a seguir de manera exclusiva. No obstante, esta iniciativa engloba sólo a un 2% de los profesores universitarios

Uno de los mayores problemas que tienen que superar las spin-off es el de la financiación. La mayor parte de la financiación procede de la Administración pública y escasean los inversores de capital riesgo privado. Sin embargo, para superar este obstáculo se ha creado la primera sociedad de capital riesgo en el seno de las universidades gallegas con la colaboración de empresas privadas que destina el capital primordialmente a empresas de base tecnológica.

En concreto, las incubadoras empresariales de las universidades españolas se erigen como una estructura de intermediación creada para favorecer la creación y evolución de empresas con contenido tecnológico y evitar su desaparición en las complicadas fases iniciales. Éstas ofrecen espacios y servicios de asistencia para aumentar la posibilidad de desarrollo y les facilitan contactos con las empresas.

Este proceso ha seguido en España un largo camino que se inició con la aprobación de la LRU y la oficialización, a través del antiguo artículo 11, de la capacidad del profesorado universitario para contratar proyectos de I+D con empresas, o realizar acuerdos de asesoramiento. A esto hay que sumarle la necesidad de reforzar la comunicación entre las investigaciones universitarias y el mercado empresarial.