Los jóvenes investigadores anuncian movilizaciones contra el Gobierno

La FJI/Precarios lleva reclamando a nivel estatal una mejora en sus condiciones laborales y el reconocimiento de su actividad laboral desde abril del 2000. Desde entonces la organización afirma que en la redacción del citado Estatuto el Partido Popular no contó en absoluto con el colectivo, y acusa al PSOE de que, a pesar de haber tenido en cuenta sus reivindicaciones, no cumple lo pactado con el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF).

FJI alude en sus denuncias al `acuerdo de mínimos´ alcanzado con el MEC el pasado 16 de Junio. Dicho pacto firmado significaba que el EPIF sería de obligado cumplimiento para todos los organismos, públicos o privados, que concedieran becas o contratos de investigación. A la vez, en el nuevo estatuto se estableció el llamado sistema 2+2 , que consiste en dos años de beca con cotización restringida a la seguridad social, y dos años de contrato en practicas. Todas las demás opciones, el postdoctorado o la investigación sin propósito de tesis doctoral, deberán ser contratos desde el primer momento.

La asociación de jóvenes investigadores denuncia que el MEC ha mantenido, a pesar de sus propuestas un articulado en el EPIF que delimita y restringe su aplicación a ciertas becas, cuando el compromiso es que este EPIF debe crear un marco de aplicación de obligado cumplimiento para todas las becas. La redacción de esta norma atenta directamente contra los acuerdos firmados el 16 de junio.

El colectivo recuerda que el MEC tiene aún tiempo para rectificar y cumplir el pacto, entregando un EPIF realmente de obligado cumplimiento para ser aprobado en el Consejo de Ministros. Sin embargo se ven obligados a mantener las convocatorias anunciadas para este otoño con el objetivo de hacer públicas sus denuncias y manifestar una vez más la precariedad laboral que siguen viviendo día a día, en la I+D española, 23.000 jóvenes investigadores.

La situación actual de estos jóvenes investigadores conlleva injusticias como la ausencia de subsidio por desempleo, la falta del derecho a huelga y sindicación y la alegalidad en temas como la prestación durante la baja por enfermedad común o profesional y el derecho a la formación en riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, entre otras irregularidades. Esta situación se vería solventada si el MEC comienza a cumplir el Estatuto del Becario y les concede el contrato laboral que según la asociación les corresponde por el trabajo que realizan.